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Sueldos, Ingreso Etico, Pobreza y la lucha popular

Patricio Hernandez

Ene 05 |14:49
Última actualización el Jue, 05 ene 2012 15:09
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Por Patricio Hernández/Dirigente Movimiento de Pobladores Ukamau

Los pobladores irrumpimos hace algunas semanas en las calles denunciando el intento del gobierno de ocultar la pobreza a través de la Ficha de Protección Social. En las barricadas, en las poblaciones y frente a las autoridades, los pobladores hemos planteado que debe visibilizarse la real condición de las familias chilenas, empobrecidas producto de un sistema que genera extrema riquezas para una minoría a expensas de la marginación de la mayoría.
 
En los cuestionamientos hacia la Ficha, hemos planteado la necesidad de avanzar hacia una sociedad de derechos sociales y superar la visión asistencialista del Estado y de las propuestas existentes hoy en día, entre estas, una que afecta directamente a pobladores y trabajadores, el Ingreso Ético Familiar.
 
En Chile los sueldos están diseñados para originar desigualdades beneficiando al empresariado. Son sueldos de hambre que mantienen en la pobreza a cientos de miles de familias, pobreza que, además, es ocultada. La pelea por un sueldo que permita a las familias satisfacer sus necesidades es un punto fundamental en la lucha en contra de las desigualdades (y en contra de quienes las defienden y se benefician de ellas) y nos da la oportunidad de generar una lucha transversal entre los trabajadores y las organizaciones territoriales de pobladores.
 
 
Sueldo Vital, Salario Mínimo e Ingreso Mínimo

 
Tras cientos de huelgas, paros, movilizaciones, matanzas y lucha a todo nivel, los trabajadores hacia 1942 habían logrado el “Sueldo Vital”, que era el sueldo “necesario para satisfacer las necesidades indispensables para la vida del empleador, alimentación, vestuario y habitación, y también las que requieran su integral subsistencia, como asimismo las erogaciones forzosas para previsión social y seguros obligatorios que afecten legalmente al empleado”. Luego, los trabajadores conquistaron el Sueldo Mínimo, que recogía el mismo concepto de garantizarles a los trabajadores una remuneración que les permitiese satisfacer sus necesidades básicas. Desde aquellos años a hoy en día, lejos de haber avanzado en esta materia, hemos retrocedido.
 
En la actualidad, tras una involución en materia laboral provocada por la Dictadura Militar, lo que rige es el Ingreso Mínimo Mensual, cuyo espíritu, como señala Alfonso Hernández[1], queda plasmado en el Mensaje Presidencial (731-355 del 2007) que presentó un proyecto legal sobre salarios base, en donde se indica que “El ingreso mínimo no tiene como objeto dar una señal económica de proyección del gasto familiar, sino que es un mínimo tolerable para una sociedad, al aceptar que una persona se incorpore al mercado laboral cumpliendo a lo menos una jornada ordinaria de trabajo”.
 
El mismo Alfonso Hernández señala la implicancia del Ingreso Mínimo Mensual, el que no busca garantizar la superviviencia de un grupo familiar, ni se define por las necesidades del trabajador en relación con el trabajo realizado, sino simplemente con las variables que defina el gobierno de turno.
 
De esta manera, el salario que rige en la actualidad ni siquiera es el socialmente necesario para garantizar que un trabajador pueda sobrevivir para el día siguiente seguir produciendo, sino que es un piso bajísimo que le permite a las empresas quedarse con el resto.
 
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De acuerdo con el Código del Trabajo, todo trabajador que realice una jornada ordinaria de trabajo (que no puede exceder las 45 horas semanales) debe recibir un sueldo que no podrá ser inferior a un Ingreso Mínimo Mensual. Los trabajadores que realicen jornadas parciales (menores a 45 horas semanales, con una jornada de trabajo no superior a dos tercios de la jornada ordinaria) podrán recibir sueldos menores al ingreso mínimo. El Ingreso Mínimo Mensual dura un año y ha entrado en vigencia los 1 de julio, tras ser fijado por ley en el Congreso.
 
Chile sigue el Convenio 131 y el Acuerdo 134 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre fijación de salarios mínimos, los que son definidos como “el nivel de remuneración por debajo del cual no se puede descender”. Según las recomendaciones del organismo, la fijación de salarios mínimos debe contemplar las necesidades de los trabajadores y sus familias, la productividad, la capacidad de pago de las empresas, la inflación, entre otros. Sin embargo, como veremos más adelante, en Chile los montos del ingreso mínimo están lejos de responder a estas recomendaciones, alcanzado niveles que apenas alcanzan para satisfacer algunas de las necesidades más básicas.
 

¿Ingreso mínimo o máximo?
 

En un estudio realizado por la Fundación Sol[2], tomando como base la Encuesta Casen 2009, se puede observar claramente cómo el Ingreso Mínimo mas que un punto de partida, es un tope en las remuneraciones de miles de trabajadores. Según las interpretaciones del estudio, en Chile 652 mil trabajadores ganan el salario mínimo o menos. Ahora, considerando que en la mayoría de las empresas se entregan gratificaciones mensuales que equivalen a un 25% de las remuneraciones, se considera que la base minima salarial es de 1,25 Ingresos Mínimos. Sobre esta premisa, el estudio concluye que existen 1.058.476 personas ganan un salario mínimo o menos. Esto, descontando a trabajadores por cuenta propia, trabajadores del servicio público y de servicio doméstico.
 
La flexibilidad laboral permite que las empresas puedan contratar a miles de personas en jornadas de tiempo parcial (especialmente jóvenes) sin derecho a recibir el Ingreso Mínimo, convirtiéndose este “mínimo” en algo inalcanzable, para otros tantos, este “mínimo” se convierte en un “máximo”, a pesar de trabajar en extensas jornadas de hasta 12 horas diarias, como ocurre con los trabajadores de casa particular y trabajadores de hoteles, restaurantes, lavandería, lencería y cocina.

 
Ingreso Mínimo que nos condena a la pobreza

 
Como hemos visto, una gran cantidad de trabajadores recibe un salario igual o inferior al Ingreso Mínimo Mensual, si a esto le sumamos la carencia de servicios sociales y las necesidades crecientes, nos encontramos con una realidad en donde un porcentaje enorme de la población está al borde o dentro de la pobreza.

En Chile se ha definido una línea de pobreza y una línea de indigencia. Según el Mideplan (ahora Ministerio de Desarrollo Social), “la línea de indigencia es el ingreso mínimo establecido por persona para satisfacer las necesidades alimentarias. Corresponde al costo mensual de una canasta básica de alimentos por persona, cuyo contenido calórico y proteico permite satisfacer un nivel mínimo de requerimientos nutricionales y que además refleja los hábitos de consumo prevalecientes. De acuerdo con ello, se considera en situación de pobreza a aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros, esto es la línea de pobreza, y en situación de indigencia a aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades alimentarias de sus miembros, esto es la línea de indigencia.” (Mideplan)

El problema es que el método usado para medir la pobreza falsea la realidad. La Casen establece mediciones a partir de una canasta de consumo básico creada en 1990 con los datos de la IV Encuesta de Presupuestos Familiares realizada por el INE entre diciembre de 1987 y noviembre de 1988 en el Gran Santiago. Es decir, con los precios y hábitos de consumo de hace más de 20 años, a pesar de existir una versión actualizada de dicha encuesta realizada en el 2007. Obviamente, esto no da cuenta de la realidad actual de los hogares chilenos y lo único que hace es definir como no pobres a muchos hogares que sí lo son. Esta misma distorsión es producida por la Ficha de Protección Social, que no midiendo necesidades ni vulnerabilidades, le otorga un peso sobredimensionado a los ingresos potenciales (ficticios) de las familias, por sobre los reales, lo que produce puntajes excesivamente altos en relación a la situación real de las familias.

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Los parámetros de la canasta básica y de la Ficha de Protección Social no dan cuenta de las necesidades reales de los hogares chilenos. No vivimos sólo de los alimentos, debemos también costear el transporte para ir al trabajo y el de nuestros hijos, debemos pagar arriendo, la luz, el agua, el gas, la parafina, el colegio, entre muchos otros gastos.
 
Pero, aun cuando nos basáramos en la deficiente canasta familiar, si partimos de la base de que el promedio de personas por hogar es de 4 integrantes y consideramos que el Ingreso Mínimo Mensual es de $182 mil y que la línea de la pobreza se sitúa cerca de los 64 mil pesos, el Ingreso Mínimo Mensual no alcanza a cubrir la línea de la pobreza. Salarios de hambre es lo que reciben los trabajadores de los sectores populares, sobretodo el primer decil en donde 1 de cada 7 trabajadores recibe el Ingreso Mínimo o menos (proviniendo el 50% de sus ingresos de transferencias del Estado) y el 61% de los trabajadores declara tener un ingreso inferior a $250 mil según la última Encuesta de Salud y Condiciones de Vida del 2011.
 
 
El Ingreso Ético Familiar
 
En el plan del gobierno para acabar con la extrema pobreza para el 2014 y con la pobreza para el 2018, y que es en realidad el plan para ocultar la pobreza en Chile, no sólo juega un papel relevante la Casen y la Ficha de Protección Social, que, con las modificaciones que se les están haciendo, harán subir los puntajes de las familias y las calificarán artificialmente como “no pobres”. El llamado “Ingreso Ético Familiar” viene a complementar y a finalizar esta estrategia.
 
Tras las fuertes movilizaciones de los subcontratistas del cobre y forestales el 2007, la situación de precariedad laboral de miles de trabajadores salió a la luz pública alertando a la clase política. Desde la Iglesia, mediadora en el conflicto forestal, Monseñor Goic exigió justicia para los trabajadores y un sueldo ético que reemplazase al sueldo mínimo y que garantizase un salario digno. La idea se repetía una y otra vez durante el gobierno de Bachelet en distintos sectores políticos, hasta la llegada de la derecha al gobierno. Piñera tomó la idea de sueldo ético y la reemplazó por la de “ingreso ético”, cambiando así el foco desde lo que debería recibir como sueldo un trabajador producto de su trabajo, hacia lo que debiese recibir una familia vía sueldos y asignaciones sociales.

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El Ingreso Ético Familiar planteado por el gobierno supone la combinación de trasferencias estatales (condicionadas al cumplimiento de ciertas metas) con el Ingreso Mínimo Mensual, de forma tal que ninguna familia de 5 personas tenga un ingreso menor a los $250 mil. La propuesta, profundamente asistencialista, que contiene una serie de problemas que atentan en contra de una solución real a la pobreza.
 
En primer lugar, al cambiarse “sueldo” por “ingreso” ético, lo que se hace es quitarle la responsabilidad a las empresas para trasladarla al Estado. Un Sueldo Ético de $250 mil hubiese significado que las empresas deberían haberle asegurado este piso salarial a sus trabajadores por el fruto de su trabajo. Pero el Ingreso Ético lo que hace es seguir manteniendo la enorme explotación laboral, los salarios de hambre, subsidiando indirectamente a las empresas, ya que el dinero que debiesen desembolsar estas, ahora lo desembolsará al Estado. De este modo, se usarán dineros de todos los chilenos para evitar que se toque el bolsillo de los empresarios.
 
En segundo lugar, un Ingreso Ético de $250 mil para una familia de 5 personas la sigue dejando bajo la línea de la pobreza y produce un dañino efecto colateral de subirle el puntaje en la Ficha de Protección Social, con lo cual esa familia quedará fuera de una serie de beneficios y será considerada como “no pobre”, aun cuando sus necesidades sean las mismas, su sueldo sea el mismo y sus capacidades sean las mismas. Esto provocará que las familias, producto del Ingreso Ético, salgan de la indigencia o de la pobreza ficticiamente por un par de años, para luego volver a su situación real de pobreza. Pero claro, esto ya será problema del gobierno siguiente.
 
En tercer lugar, esta visión asistencialista viene a complementar la estrategia para ocultar a los pobres. La Casen y la Ficha de Protección Social maquillan la realidad para hacer ver que existen menos pobres, a los que son considerados como pobres el Ingreso Ético Familiar los hará salir artificialmente de la pobreza por un tiempo, y así las cifras indicarán que en Chile ya no existe pobreza. Cuando bajo la alfombra seguirá existiendo la triste realidad de este país.

 
La lucha contra la pobreza, la lucha contra las desigualdades sociales

 
La pobreza existente tiene su origen en un sistema económico profundamente desigual, que inherentemente genera pobreza al dar bienestar económico a un grupo de personas en base a la privación material de la inmensa mayoría. Esta situación nos tiene como uno de los países más desiguales del mundo, en donde el 10% más rico acapara el 40% de los ingresos nacionales; desigualdad traducida también al ámbito de los ingresos familiares, en donde el 5% más rico genera ingresos autónomos 830 veces superiores a los del 5% más pobre.
 
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Cuando se habla de superación de la pobreza, de lo que se debe hablar es de generar las condiciones para cambiar al sistema que estructuralmente genera las desigualdades. Bonos más o menos, asistencialismo, focalización, no solucionarán nada.
 
Cuando los pobladores nos movilizamos hace algunas semanas en contra de la Ficha de Protección Social, apuntamos hacia el intento de ocultar la pobreza a través de los instrumentos de medición y focalización, y exigimos a las autoridades un instrumento que mida la verdadera situación de las familias chilenas. Pero este es el primer paso. Una vez detectada las condiciones de pobreza (y también de riqueza), llega la hora de proponer soluciones. Para el gobierno la solución es el Ingreso Ético Familiar, una medida parche. Pero las verdaderas soluciones deben apuntar al fondo. Las desigualdades se originan en gran parte por: 1) la explotación laboral existente, con sueldos miserables que obligan a las familias a sobreendeudarse, situación garantizada por un Código Laboral patronal que defiende la subcontratación, la flexibilidad y limita el actuar de los sindicatos; 2) la privatización de los derechos sociales, que marginan al pueblo del acceso a una educación, salud, vivienda y servicios de calidad accesibles universalmente; y 3) por la privatización de nuestros recursos naturales, en manos del gran empresariado nacional y extranjero, que nos privan de los recursos con los cuales se podrían garantizar nuestros derechos y potenciar un desarrollo económico y social favorable al pueblo. Por tanto, nuestros golpes deben apuntar hacia estos elementos, no por “ética” sino por justicia social.
 
Centrándonos en lo que es la pobreza y los bajos salarios, son las empresas las que deben asegurarle a sus trabajadores una remuneración mensual que le permita satisfacer sus necesidades. No colocándose un monto de antemano, de $300 mil o $400 mil pesos, por ejemplo, sino que sea un monto equivalente a un nivel mínimo de satisfacción de necesidades, definido en función de los gastos, hábitos de consumo, carencias y riesgos de las familias. Que contemple gastos en alimentación, vestuario, luz, agua, gas, telefonía, arriendo, transporte, acceso a la cultura, etc. Un monto que no dependa de las pugnas de intereses en el parlamento, sino que por variables y parámetros ya definidos, con reajustes cada vez que el nivel de vida suba y que se adapten a las realidades regionales, pues el costo de la vida no es el mismo en Antofagasta, Santiago y Punta Arenas.
 
El rechazo a la Ficha de Protección Social y el futuro (y ya incubado) rechazo al Ingreso Ético Familiar, ha movilizado y articulado a diversas organizaciones de pobladores, y constituye una oportunidad para articular la lucha entre los pobladores y organizaciones territoriales y los sindicatos, como parte de las luchas transversales que debe empezar a dar el pueblo en la lucha por sus derechos (para renacionalizar el cobre, por ejemplo, que incumbe a trabajadores, a estudiantes que luchan por la educación gratuita, a allegados que luchan por el derecho a la vivienda, etc.). si logramos un sueldo mínimo de justicia social no sólo estaremos contribuyendo a reducir la pobreza y las desigualdades, sino que estaremos dando un gran paso sobre el cual seguir desarrollando la lucha sindical por el derecho al trabajo y la lucha del pueblo por arrebatarle al bloque dominante lo que por derecho nos corresponde.

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[1] Hernández Molina, Alfonso (2010): Vicios en la legalidad laboral Chilena

[2] Fundación SOL (junio 2011): Política de Reajuste del Salario Mínimo: Una meta para avanzar al Desarrollo.


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